domingo, 28 de marzo de 2010

Siete medidas concretas para presionar al gobierno cubano y facilitar una transición en Cuba

—Lo decía hace unos días Bertrand de la Grange, uno de los periodistas que mejor conoce la realidad cubana: que la comunidad internacional castigue al sector privilegiado, la llamada nomenklatura, que controla los pocos recursos económicos de la isla. Que se les fiscalicen los negocios, a menudo ilegales, que tiene el castrismo en terceros países; que se prohíba la entrada en la Unión Europea y en EE UU de funcionarios señalados; que se examinen con atención los visados solicitados por personas asociadas al Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
—Que las embajadas de los países democráticos faciliten el acceso de los cubanos a Internet a través de conexiones wi-fi abiertas a todos los ciudadanos que deseen conectarse, reguladas simplemente por un límite de tiempo para cada internauta.
—Que el gobierno norteamericano elimine los obstáculos burocráticos a su programa de ayuda a la transición en Cuba y libere los fondos para los programas autorizados. Que se revisen las inversiones de programas caducos o de poca efectividad demostrada, como TV Martí. Que se nombre una comisión con integrantes de todo el espectro disidente, figuras prominentes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil para decidir cuáles son los programas más urgentes.
—Que instituciones del mundo democrático promuevan las candidaturas de disidentes cubanos para premios de prestigio internacional.
—Que los gobiernos de Europa y Latinoamérica aconsejen a los empresarios interesados en invertir en Cuba que suscriban un pre-acuerdo comprometiéndose al respeto del derecho laboral internacional.
—Promover una resolución que condicione la presencia de Cuba en el Consejo de DD HH de la ONU a su respeto de la Declaración Internacional de DD HH y su firma del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
—Que se exija la presencia en las cárceles y otras instituciones penitenciarias cubanas del relator de Naciones Unidas para la Tortura, así como de la Cruz Roja Internacional y representantes de Amnistía Internacional.
 
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